El Tribunal remarcó "la falta de transparencia" del sistema de cuotas japonesas, que según estimó "no son razonables", e hizo valer el reducido número de publicaciones científicas en el marco del programa de investigación japonés JARPA II. "Japón debe revocar todos los permisos, autorizaciones y licencias concedidos en el marco de JARPA II y abstenerse de otorgar cualquier nuevo permiso en virtud de este programa", ordenó.

Tokio dijo rápidamente que respetará la decisión vinculante e inapelable del órgano judicial supremo de Naciones Unidas, manifestando no obstante su "profunda decepción". Cabe destacar que los veredictos de la Haya son vinculantes y hay que acatarlos.

La derecha a los australianos

Con este fallo, la Corte le da la razón a Australia, que recurrió a ella en 2010 afirmando que Japón practicaba la caza ballenera con objetivos comerciales, ocultándola en un programa de investigación científica.

Japón, que alega que la caza de ballenas es una tradición ancestral, sostiene que sus actividades son científicas, pero no oculta que la carne de los cetáceos capturados termina luego en los mercados del archipiélago. Según Australia, Japón capturó más de 10.000 ejemplares entre 1987 y 2009.

"Esta decisión envía un mensaje claro a los gobiernos de todo el mundo: la explotación de animales no se va a tolerar más, y los animales tienen que ser protegidos al más alto nivel", declaró Claire Bass, de la Sociedad Mundial por la Protección de los Animales (WSPA), tras conocer el veredicto.

La voz uruguaya

Por su parte desde el Facebook de la Organización para la Conservación de Cetáceos (OCC), su director Rodrigo García manifestó su alegría ante el fallo “Esta sentencia viene siendo largamente esperada”, sin embargo expresó que “no es de extrañar que Japón no la acate, como lo ha hecho con numerosos tratados internacionales incluyendo a la propia Comisión Ballenera Internacional (CBI)”, aunque concluye que “ahora bajo la mirada de La Haya quedará en otra situación comprometida y es una alegría este gran paso. Porque la violación no se limita a las ballenas sino a diversos recursos marinos que empresas japonesas pesqueras vienen destrozando también ilegalmente desde hace décadas, burlándose en diversos ámbitos y convenciones, mediante sobornos, regalías y coerción política.” Asimismo, en el texto publicado en la web de la organización, García asegura que “lo que queda en evidencia es que la CBI ha dejado que esto suceda ante sus narices por más de 20 años, sin poder mover su ambigua y encorsetada estructura política, “ensuciando” a la ciencia de la conservación, permitiendo se “mate para estudiar."

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