Según confirmó el doctor Carlos Mata, director de Derecho Internacional de la Cancillería. En diálogo con LA REPÚBLICA, luego de la presentación ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental realizada el 25 de agosto de 2009, Uruguay, en acuerdo con la ONU, amplía los derechos de soberanía en una región submarina que cada vez adquiere mayor importancia económica, estratégica y política. El país asume el control de la riqueza ictícola de esa área, así como del subsuelo de una zona en la que se supone hay yacimientos de gas. Para el Uruguay, al mismo tiempo, implica el desafío de implementar sistemas de seguridad y salvataje marítimo. La delegación uruguaya que trabajó en la presentación ante ONU debió reunir información científica y técnica de apoyo dentro de los plazos previstos (en el caso de Uruguay el plazo vencía en 2009).

Nuevos límites

Mediante este acuerdo histórico, el país amplía su jurisdicción en 80.500 km 2, que se aproxima al límite de las 350 millas marítimas. En el límite marítimo con Argentina, la extensión reconocida fue de 345 millas, y al norte con Brasil, se aproxima a las 330 millas, en tanto que el límite por el centro llega a las 350 millas marítimas. Respecto al límite con Brasil, la existencia de una cuenca, permitiría a Uruguay extender más adelante el límite norte hasta las 350 millas marítimas.

Derecho Del Mar

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar define a la plataforma continental como “el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental, o bien hasta una distancia de 200 millas contadas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial”. Los Estados ejercen sobre la plataforma continental derechos exclusivos de soberanía “a los efectos de su exploración y de la explotación de sus recursos naturales”. El Uruguay ratificó esta Convención en el año 1992 y el tratado entró en vigencia en noviembre de 1994.