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El Juzgado en lo Civil de Segundo Turno a cargo del juez Alejandro Martínez de las Heras ordenó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) y a la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) entregar antes del próximo 6 de enero —15 días a partir del 22 de diciembre pasado—, todas las informaciones sobre las gastos efectuados por la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas (CIPAP) en la contratación de consultoras, viajes y viáticos relacionados con ese proyecto portuario.

El "puerto de aguas profundas" en las costas de Rocha era una prioridad para el gobierno de José Mujica pero claramente no lo es para la actual administración. La polémica iniciativa, estrechamente vinculada a la explotación minera Aratirí de la compañía india Zamin Ferrous no llegó en los plazos legales previstos que le permitieran firmar un contrato de explotación con el gobierno.

Según consigna el sitio web El País digital, Víctor Bacchetta, en representación del movimiento Uruguay Libre de Megaminería (que promueve un plebiscito con el fin de prohibir la minería metalífera a cielo abierto en Uruguay) pidió en marzo de este año el acceso a esos datos.

La Presidencia entregó en abril la información existente en sus registros, pero el MTOP y la CND se negaron a hacerlo alegando que un contrato firmado entre ambos le asignó carácter "confidencial".

En una audiencia el pasado 21 de diciembre, en la que los demandados ratificaron su negativa, la CND alegó que el solicitante carecía de un "interés directo, personal y legítimo" para requerir la información. Pero Bacchetta se apoyó en el artículo 3 de la ley 18.381 que establece que "el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información".

Una pequeña diferencia…

Un comunicado de Uruguay Libre recuerda que la CIPAP dispondría de US$ 700.000 para los estudios que pretendía realizar. "Pero la copia del contrato entre el MTOP y la CND presentada en la audiencia judicial permitió saber que el presidente José Mujica elevó esos recursos en 2013 hasta US$ 2 millones. Los estudios técnicos realizados por científicos uruguayos para la CIPAP insumieron en total unos US$ 120.000. ¿Adónde fue a parar el resto?", pregunta el comunicado de Uruguay Libre.

La decisión del juez obliga al MTOP y la CND a entregar la información después de la feria judicial, aunque aún puede haber una apelación del fallo. La viabilidad del proyecto del puerto fue puesta en duda desde el principio por algunos expertos que entendían que no había carga suficiente que lo justificara y una serie de especialistas entendían que su ubicación era muy nociva para el medio ambiente, que afectaría de manera letal a las especies y riquezas naturales de la zona, así como a la actividad turística.

Fuente: en base a El País digital