Las organizaciones sociales que están impulsando una consulta popular para que el pueblo decida si apoya los proyectos de mega-minería a cielo abierto afirmaron que con los últimos anuncios realizados por el gobierno sobre la inminente firma de un contrato de inversión con la empresa Aratirí se están vulnerando disposiciones constitucionales y legales, y “se avasallan los procedimientos y opiniones técnicas de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para la evaluación de estos proyectos”. Pero, además,  la organización Uruguay Libre de Minería Metalífera a Cielo Abierto dijo que se ignora, una vez más, la falta del consenso social y político necesario para decisiones de esta envergadura".

Anuncio sin estudios

En este sentido, Ana Filippini, del movimiento Uruguay Libre, afirmó en declaraciones al diario El País que hay "una presión permanente del gobierno" sobre la Dinama "pretendiendo imponer en el mes de enero" la autorización a Aratirí. Y dijo que el anuncio del Poder Ejecutivo de que, en enero dará a conocer su decisión de permitir la explotación de Aratirí, “se realiza antes de aprobarse los estudios de impacto ambiental de la Dinama y que, de esta forma, el gobierno "presiona fuertemente a la Dinama" con el anuncio de que en breve firmará el contrato con Aratirí.

Contra el interés general

En línea con esta planteos y los que se realizan de diversos sectores técnico profesionales, el fiscal Enrique Viana Ferreira presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la denominada "ley Aratirí 19.126", por considerar que "esquiva la prohibición constitucional de causar daños graves al medio ambiente." El fiscal considera en su presentación que se trata de una “ley regresista, que retrocede en la tutela de un derecho humano como es la protección ambiental.” Y afirmó que "nadie discute que la megaminería a cielo abierto del proyecto Aratirí causará destrucción y contaminación graves del medio ambiente. Lo que la ley 19.126 hace es justificarla, declarándola de utilidad pública e identificando sus impactos ambientales. No cabe concluir algo distinto que su inconstitucionalidad".