Si la Justicia no castiga a quien infringe la ley, ¿por qué molestarse en denunciarlo? Y si la Policía ni siquiera considera registrar la falta, ¿cuál es el objetivo de capturarlo? Este razonamiento reduccionista se repite y aplica en varias situaciones. En este caso, quienes advierten los efectos de este círculo vicioso son el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN) y la ONG Vida Silvestre Uruguay, en el marco de la Semana de Turismo, fecha en la que es popular la cacería en el interior del país.

En conjunto, publicaron un comunicado en el que no solo recuerdan que existen determinadas especies animales cuya caza está prohibida (se pueden consultar en el libro publicado en 2013 Especies prioritarias para la conservación en Uruguay), sino que advierten que muchos cazadores no respetan estas normas.

Y esto es aun más grave si se tiene en cuenta la actual “crisis de la biodiversidad”. El comunicado recuerda que el país cuenta con una Ley de Fauna que prohíbe la caza, transporte, tenencia y comercialización de todas las especies de vertebrados de la fauna autóctona, salvo aquellas cuya caza está autorizada específicamente por decretos que se actualizan periódicamente (las palomas y las perdices, por ejemplo).

Aun así, en Uruguay se cazan especies autóctonas protegidas. Según Vida Silvestre y el MNHN, la causa tiene raíces en “varias realidades socioculturales”. La primera es que no hay una “cultura nacional de preservación de la fauna”. Las otras razones, según estos organismos, es que falla el proceso de control, denuncia y procesamiento de quienes infringen la Ley de Fauna.

País chico…

Según dijo Enrique González, encargado de la Sección Mamíferos del MNHN y de la Comunicación y Difusión de Vida Silvestre, el problema puede resumirse en una sola frase: “Muchas veces, el policía, el juez y el acusado eran compañeros de escuela o de liceo”. Eso lleva a que el policía pase por alto la denuncia o a que el juez desestime los casos en que los cazadores son llevados al juzgado, explicó.

González también afirmó que, sobre todo en las zonas rurales, muchas veces los policías no están al tanto de esa ley y, al estar familiarizado con las armas, incluso participan de la caza. Esto desalienta a guardaparques, policías y ciudadanos a denunciar los hechos de caza ilegal, siempre y cuando también estén informados y sepan cuáles son las especies protegidas. Así se cierra el círculo.

Por otra parte, en Uruguay los guardaparques no tienen la potestad de portar armas o retener a alguien, por lo que deben llamar a la a policía en caso de detectar a un caso de caza ilegal. González citó como ejemplo el caso del guardaparques de Laguna de Castillos, Juan Carlos Gambarotta, quien recientemente fue denunciado por llamar la atención a unos cazadores.

“Los guardaparqus están indefensos contra los cazadores y el tema judicial y policial no ayuda”, resumió el encargado del MNHN. Pero hay excepciones.

González recordó un episodio en Cerro Colorado, donde el encargado de los campos de una forestal había hecho un curso de guardaparques en Vida Silvestre. Además de ser técnico forestal, sabía cómo proceder ante quienes cazaran carpinchos, una especie protegida que suele ser víctima de este “deporte”. A su vez, en la comisaría local había funcionarios “con cierto compromiso con el tema ambiental”, por lo que el sistema estaba “más aceitado” y en ese caso funcionó tal como indica la ley, contó González.

Para el funcionario del MNHN y miembro de la ONG, este es un ejemplo de que la educación y la consciencia sobre la conservación de la biodiversidad funciona.

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