17 de septiembre de 2015
Edil consulta situación de un juicio millonario que afronta la Intendencia en Punta del Diablo
Se trata de Humberto Alfaro Mendoza, del Partido Nacional, quien expresó su preocupación e interés en saber en qué estado se encuentra el litigio judicial que mantiene la Intendencia Departamental de Rocha con el empresario Jesús Eduardo Beyhaut por un conflicto vinculado con unas tierras ubicadas en el balneario rochense. Quiere que citen a Aníbal Pereyra o a los asesores jurídicos de la Intendencia.
El Diario El Este publica en su edición digital que el edil Humberto Alfaro Mendoza planteó su preocupación e interés por saber en qué estado se encuentra el litigio judicial que mantiene la Intendencia Departamental de Rocha con el empresario Jesús Eduardo Beyhaut por un conflicto vinculado unas tierras en Punta del Diablo.
Sentencia de 1992
El mencionado periódico explica que todo empezó con un recurso de amparo presentado por el empresario Jesús Eduardo Beyhaut para poder atravesar tierras fiscales ubicadas de manera estratégica en Punta del Diablo. La justica amparó al privado y mandató a la Intendencia de Rocha para que procediera a demoler decenas de fincas ubicadas de manera irregular en esas tierras. También dispuso que, de no cumplirse con la sentencia, la Intendencia de Rocha debería pagar las astreintes: 20 Unidades Reajustables por día por cada una de las fincas no derribadas. La sentencia data de febrero de 1992.
Invitación al Intendente
El edil, Humberto Alfaro Mendoza, reconocido abogado del ámbito local, solicitó conocer en qué estado se encuentra el juicio. Para lo cual solicitó que la Junta departamental invite por las comisiones de legislación y reglamento integradas, al Intendente Aníbal Pereyra, o a quién se designe, para que informe sobre la situación. En dialogo con Diario El este, el abogado del empresario Jesús Eduardo Beyhaut, Daniel Reyes, dijo que "por cada día en que no se cumpliera con la demolición total se dispuso aplicar una sanción equivalente a 20 UR diarias". "Es decir que estas medidas conminatorias tienen en cuenta centralmente la demora". "La IDR (Intendencia Departamental de Rocha) no sólo no procedió en el sentido de destruir las construcciones en tiempo y forma sino que tampoco efectuó depósito alguno de la sanción económica que se le impuso". "Debido a ello, el monto por día desde la fecha de la sentencia, con algún exiguo período en que las mismas no se computan, arribamos al monto que es de conocimiento público". La cifra reclamada asciende a varios millones de dólares y para el abogado, hay un incumplimiento de la Intendencia de Rocha y por lo tanto “una deuda, por la que existe una condena y cuya liquidación es inminente".
Foto: willingfoot.com
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