En el día de ayer la Justicia decretó el procesamiento sin prisión de una abogada que ejerce en el La Paloma de iniciales MCFC, de un escribano de Maldonado de iniciales JCGA y de un empresario francés de iniciales JLDW, todos por el delito de estafa y en el caso del escribano con el agregado del delito de falsificación ideológica de documento público. El procesamiento del profesional fernandino fue con prisión y el de la abogada palomense y el del empresario francés fueron sin prisión y con medidas sutitutivas de la misma, debiendo realizar un depósito en garantía.

El abogado denunciante Alejo Umpiérrez, dijo a Diario El Este sentirse "satisfecho porque se demostró la veracidad de lo que habíamos denunciado y se procesó a los culpables" aunque también reconoció sentirtse "sorprendido" por lo que llamo "una benignidad extrema" en un delito de estas características.

Umpiérrez dijo que "la estafa por sí mismo es un delito que no permitiría que fuera un procesamiento sin prisión, máxime cuando hablamos de un perjuicio de centenares de miles de dólares y contra una persona incapaz, y cuando la acción es desarrollada por una profesional del derecho, obligada a cumplir la ley, lo que agrava la conducta realizada. Las medidas sustitutivas de la prisión para el empresario y la abogada son risibles, un magro depósito monetario y la obligación de no salir de su domicilio de 21 a 6 hs., lo que es lo mismo que pedirles que duerman en su casa. Para el abogado denunciante: "eso afecta la imagen de la Justicia." 

El caso

La situación que dio objeto al procesamiento radicó en la venta de un campo perteneciente a una persona incapacitada, de quien la abogada procesada era curadora.La operación se realizó con el empresario francés, quién a su vez también era cliente de la abogada, por un valor inferior al valor de mercado: La escritura fue realizada por el escribano ahora procesado, violándose la venia conferida judicialmente que había autorizado la venta sobre otro campo diferente. Esta maniobra ocasionó un perjuicio de centenares de miles de dólares a la incapaz.
Por estos mismos hechos en su momento el Dr. Umpiérrez y otros abogados del departamento habían realizado una denuncia a la Suprema Corte de Justicia contra la Jueza actuante, la que resultó alejada del cargo primero y destituida luego de un sumario. Dicha Jueza fue denunciada penalmente pero por la duración del trámite en el transcurso del proceso prescribió su delito y así fue declarado por la Dra. Silvia Urioste.

En base a Diario El Este // Imagen Juzgado Letrado 2° Turno Rocha. Gentileza Federico Lorenzo